La Constitución española cumple 40 años entre la estabilidad y el debate


Madrid, dic (EFE) / Jesús Lozano.- La Constitución española cumple cuarenta años marcada por la estabilidad, pero también cuestionada y sometida a un debate recurrente sobre su reforma. Logró un consenso político y social muy amplio y duradero sobre las reglas del juego democrático tras el franquismo y permanece prácticamente inalterada.
El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó en referéndum, con un apoyo del 87 % de los votantes, el proyecto constitucional aprobado por el primer Parlamento democrático posterior a la dictadura (1936-1975).
Derecha, centro, izquierda y nacionalistas se pusieron de acuerdo – con renuncias de todos – para afianzar un sistema de elecciones libres que dura hasta hoy, reconocer toda una serie de libertades fundamentales y derechos ciudadanos, descentralizar la administración pública y establecer la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.
Puede decirse que el artículo 1 resume el espíritu de todo el texto constitucional: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Y desde entonces, la discusión pública sobre qué modificaciones necesita se ha avivado a medida que la sociedad española se transformaba y cambiaban las circunstancias políticas.
Llegado 2018, una mayoría de españoles reconoce el valor de la norma fundamental del Estado, aunque siete de cada diez creen que hay que reformarla en asuntos como la regulación y coordinación de competencias autonómicas, profundizar el control de la actividad política, la mejora de derechos sociales, la sucesión de la Corona o la reforma del sistema electoral, según una encuesta oficial.
Todos los partidos han defendido cambios con más o menos ahínco y profundidad, pero sin acuerdo sobre cuáles son imprescindibles, en qué sentido y si acometerlos al mismo tiempo.
El mismo jefe del Estado, Felipe VI, señaló el martes pasado a la Asociación de Exdiputados y Exsenadores que la Constitución es “perfectamente reformable siempre que se haga dentro de los cauces legales”, según dijo a Efe el exparlamentario socialista Pedro Bofill.
El rey mostró su “preocupación” por la situación de la región de Cataluña y su desafío independentista de 2017, así como su deseo de “buscar fórmulas para restablecer un sistema en el que todos estén a gusto, dentro de las normas constitucionales”.
Y es que “reajustar” la organización territorial del Estado para resolver tensiones frecuentes entre el Ejecutivo central y las autoridades regionales, en particular las gobernadas por nacionalistas, es ya una cuestión que se plantea cíclicamente.
Unos piden que se reconozca un “Estado plurinacional”, otros defienden un modelo “federal” para solucionar el “encaje” de Cataluña en España tras el proceso independentista ilegal y algunos defienden el derecho de “autodeterminación”. Y están los que, por el contrario, exigen limitar, incluso reducir, el nivel de autogobierno de las regiones.
Los hay que desean que el sistema electoral deje de favorecer, según argumentan, a los pequeños partidos nacionalistas y las dos grandes fuerzas políticas del país, socialistas y conservadores. O reclaman blindar o reconocer nuevos derechos sociales y políticos.
Y están quienes aprovechan para pedir un referéndum sobre la monarquía o para “corregir” que el varón tenga preferencia sobre la mujer en la sucesión al trono, como ocurre ahora.
Pero el acuerdo siempre ha sido difícil por la exigencia constitucional de mayorías parlamentarias reforzadas, hasta dos tercios del Congreso y del Senado en cambios que afecten, por ejemplo, a la soberanía nacional y la unidad de España, derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona.
Ahora, si cabe, los consensos políticos son menos posibles en un Parlamento más fragmentado, donde el Partido Popular (conservador) y el Partido Socialista han perdido representación en beneficio de los “emergentes” Podemos (izquierda) y Ciudadanos (liberales).
No obstante, el Gobierno actual, del socialista Pedro Sánchez, ha propuesto un cambio para limitar el fuero jurídico de ministros, diputados y senadores, un régimen por el que pueden ser juzgados solo por el Tribunal Supremo.
El intento más ambicioso de reforma fue cuando gobernaba otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005. El Consejo de Estado (órgano consultivo) avaló cuatro modificaciones concretas sobre la definición de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, la sucesión en la Corona y la Constitución Europea, pero no prosperaron en el Parlamento.
Hasta ahora solo ha habido dos retoques constitucionales, introducidos en 1992 y 2011, ambos obligados por ‘mandato exterior’, y que no requirieron un referéndum.
El primer cambio, por unanimidad parlamentaria, adaptó un tratado de la Unión Europea (UE) para que los ciudadanos comunitarios residentes en España pudieran ser elegidos alcaldes y concejales.
La segunda modificación, muy controvertida, fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero entonces y el opositor Partido Popular. Consagró el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit, algo que otras fuerzas interpretaron como una cesión a las imposiciones de la UE para sanear las cuentas públicas. EFE

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